Sánchez Rubio anuncia que la Junta consolidará mediante una Ley el sistema público de servicios sociales como derecho de la ciudadanía

 

La apuesta por las políticas a favor de la infancia será una prioridad absoluta en esta nueva legislatura

 

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado que la Junta de Andalucía consolidará mediante una nueva Ley el sistema público de servicios sociales de la ciudadanía, que estará basada en los principios básicos de universalidad e igualdad de acceso a todas las personas. Según ha destacado Sánchez Rubio, el desarrollo y la consolidación de un sistema público de servicios sociales es una apuesta decidida del Gobierno andaluz en esta legislatura, para avanzar en la erradicación de las desigualdades sociales y garantizar el bienestar de todas las personas.

 

Así lo ha señalado durante su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento andaluz, en la que ha ofrecido al resto de partidos políticos su disposición a la colaboración y al diálogo “para garantizar el bienestar de todos y todas”.

 

Sánchez Rubio ha avanzado el compromiso de la Junta de Andalucía por garantizar el acceso de la población más vulnerable a los servicios públicos en la presente Legislatura. La consejera ha destacado que ante la situación económica actual, y pese a que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más perjudicada por los recortes del Gobierno central, “la Igualdad y las Políticas Sociales son las que tratan de evitar que la pobreza abra una brecha social irreparable, las que siempre están al lado de los más desfavorecidos; son las que defienden los derechos de las personas dependientes, de las familias en su conjunto”.

 

La consejera ha avanzado que su departamento “va a llevar a cabo una serie de normas con el objetivo de salvaguardar y ampliar el estado del Bienestar de la población andaluza, a través de una apuesta decidida por las Políticas Sociales”. Sánchez Rubio ha señalado que en la presente legislatura se va a presentar en el Parlamento, además de la nueva Ley de Servicios Sociales, las leyes de Igualdad, de Violencia de Género, de Juventud, la Ley de Discapacidad, además de una ley que garantice unos ingresos mínimos para una vida digna, entre otras.

 

 

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales reforzará todas las medidas y recursos de la Junta contra la violencia de género, poniendo el acento en un mayor impulso de la coeducación como base de la prevención, en una mayor participación ciudadana como clave para la erradicación del machismo y, como tercer eje, en la puesta en marcha de iniciativas para poner freno a todas las formas de violencia contra las mujeres, más allá de la ejercida en el seno de la pareja.

 

Las políticas de igualdad de género, ha destacado Sánchez Rubio, serán transversales a todas las iniciativas del Gobierno andaluz, con el fin último de impulsar desde todos los ámbitos políticos la igualdad real entre mujeres y hombres y avanzar hacia la erradicación de la violencia machista. En este sentido, la consejera ha ahondado en la necesidad de la máxima implicación social en la lucha contra esta lacra, y ha anunciado el impulso de un Pacto Social en Andalucía contra la Violencia de Género.

 

Junto a ello, el Gobierno andaluz elaborará una nueva Ley contra la Violencia de Género, que creará una ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia de género y pondrá el foco en otras formas de violencia contra las mujeres, como la explotación sexual. En esa línea, la Junta desarrollará un Plan Integral contra la Trata, la explotación de las mujeres y la prostitución.

 

Estas nuevas iniciativas se sumarán a las desarrolladas durante la anterior legislatura, en la que, según ha recordado la consejera, Andalucía ha sido de nuevo referente en materia de violencia de género con diversas acciones pioneras para trabajar contra la violencia machista en la juventud, para atender como víctimas directas a los hijos e hijas de las víctimas o para mejorar la coordinación institucional en la lucha contra este problema social.  

 

La consejera ha adelantado además la aprobación a lo largo de esta legislatura de un nuevo marco normativo para hacer más eficaces las políticas de igualdad. En concreto, en materia de género, el Gobierno andaluz pretende impulsar la modificación de la Ley de Igualdad en Andalucía, con el fin de mejorar la actual legislación y adecuarla a la Estrategia Europea 2020.

 

Sánchez Rubio ha resaltado que la Junta apuesta por la igualdad de género como clave estratégica para el impulso de una sociedad justa y un Estado del Bienestar, y ha recordado en este sentido que el Gobierno andaluz ha mantenido la perspectiva de género en sus presupuestos incluso en estos años de recesión, de tal manera que en este 2015 más del 73% se corresponden con programas G+, y el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer ha seguido intacto.

 

Asimismo, la consejera ha adelantado que la Junta reforzará la coeducación como base de una futura sociedad más igualitaria y libre de violencia. En este sentido, se trabajará en la colaboración directa con las AMPAS, se ampliará la materia optativa en Educación Secundaria sobre ‘Cambios Sociales y Género’, y se fomentará un nuevo modelo coeducativo que promueva la igualdad y la prevención de la violencia de género.

 

 

En lo que respecta a los servicios sociales, y como ya se ha avanzado anteriormente, la prioridad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en esta materia para esta X Legislatura es la aprobación por parte del Consejo de Gobierno y posteriormente por el Parlamento de Andalucía de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

 

Una Ley que se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en este ámbito en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación, garantizando, de esta forma una protección integral a la ciudadanía. Esta Ley crea y define en su articulado un verdadero Sistema Público de Servicios Sociales, dotado de naturaleza jurídica y que fortalezca uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar.

 

Además, la consejera ha realizado balance de medidas desarrolladas en la pasada legislatura sobre el Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social, del que se beneficiaron 150.000 personas; y del Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, con una inversión de 158 millones de euros de inversión, y del que se benefician más de 160.000 personas.

 

Según Sánchez Rubio, “estos dos Decretos incidían en distintas líneas, como el Programa de Ayuda a la Contratación, gestionado por los Ayuntamientos. Se ha invertido en cada decreto 40 millones de euros, lo que permitió más de 25.000 contratos con el primer decreto, más de 1,2 millones de jornadas diarias, y se estima que otros 25.000 contratos con el decreto de inclusión. Un programa al que se han acogido, durante 2014, 765 municipios de los 772 que existen en nuestra comunidad autónoma”.

 

Por otra parte, 24.000 menores en situación de riesgo se beneficiaron con el primer decreto del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, un refuerzo del programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano, mientras que 28.600 menores se han beneficiado con el Decreto de Inclusión. En cuanto a las ayudas económicas familiares, a través de convenios con entidades locales, en 2014 se beneficiaron un total de 14.898 familias y 27.526 menores, ayudas a las que la Junta ha destinado el año pasado 6 millones de euros.

 

Además, y en relación al ámbito de las drogodependencias y adicciones, la consejera ha destacado que “en Andalucía aseguramos un modelo público, equitativo y universal de atención a los problemas de drogodependencias y adicciones, gracias a la Red de atención pública más amplia del Estado, con 176 dispositivos específicos de acceso universal y gratuito distribuidos por nuestro territorio. A pesar de la reducción presupuestaria que padecemos, se han mantenido los programas específicos de prevención, así como las 478 plazas en comunidades terapéuticas. En la pasada legislatura, se han gestionado 5.568 ingresos en los distintos recursos residenciales (4.695 de hombres y 873 de mujeres)”.

 

Sánchez Rubio ha anunciado como novedad que “a lo largo de 2015 aprobaremos el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones con vigencia hasta 2020, que será el Plan Director de las políticas en la materia y marcará las líneas programáticas. Un Plan que nace a partir de una metodología participativa y de consenso entre instituciones, entidades, agentes sociales y profesionales, de manera que todos y todas puedan aportar sus conocimientos y experiencia al respecto”.

 

 

Por otra parte, Sánchez Rubio ha señalado que “hemos demostrado que la atención a la dependencia es sostenible y supone una auténtica inversión social. Genera retornos sociales, retornos económicos y es un impulso para el empleo, sobre todo femenino”.

 

Por ello, ha recordado que la Junta de Andalucía se compromete a aumentar en un 10% la partida presupuestaria de la Dependencia durante esta legislatura. “Un compromiso que la propia Presidenta de la Junta de Andalucía adelantó en su discurso de investidura, y que nos habla de hasta qué punto estamos comprometidos con el desarrollo de esta Ley”.

 

Andalucía ha liderado la aplicación de la Ley en España, desde su puesta en marcha en el año 2007. La comunidad autónoma cuenta en la actualidad con más de 162.300 personas beneficiarias y 218.000 prestaciones. Cifras que representan el 22% de las personas beneficiarias y prestaciones de toda España. El año pasado se incorporaron al sistema más de 18.000 nuevas personas beneficiarias, lo que ha supuesto 29.900 prestaciones nuevas. Además, se han llevado a cabo más de 73.800 nuevas valoraciones y revisiones, “financiando más del 78% del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22%, a pesar de que la Ley marcaba el compromiso de financiación del 50% de cada una de las administraciones”, ha señalado Sánchez Rubio.

 

Para el presente año, Andalucía destina 1.131 millones de euros para atención a la dependencia, casi el mismo importe que el Gobierno central para toda España.

 

Por ello, la consejera ha anunciado que próximamente “solicitaremos, con la mayor decisión y convicción, un Pacto de Estado por la Dependencia, que garantice el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema en toda España”.

 

La máxima responsable de las Políticas Sociales en Andalucía ha destacado también que actualmente se está elaborando el Primer Plan Andaluz de promoción de la Autonomía personal y prevención de la dependencia, que será aprobado este mismo año. “En este nuevo Plan incorporaremos al sistema de atención a la dependencia a las personas valoradas como grado moderado, con un novedoso programa multidisciplinar orientado a mantener su nivel de autonomía e independencia funcional”.

 

En relación a las personas con dependencia moderada, Sánchez Rubio ha avanzado que más de 27.000 valoradas con este grado se incorporarán al sistema de atención después de tres años de paralización de la Ley por parte del Gobierno central.

 

 

La lucha contra la pobreza infantil ha sido durante la pasada legislatura uno de los principales ejes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. En este sentido, Sánchez Rubio ha recordado la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, una estrategia de actuación conjunta entre las administraciones, los agentes sociales y empresariales, las organizaciones y la sociedad, para llevar a cabo medidas que contribuyan a mitigar los efectos de la pobreza en la población infantil de Andalucía.

 

A través de esta Alianza se pretenden construir redes de asistencia y garantizar al mismo tiempo que todas las actuaciones se lleven a cabo respeten al máximo la dignidad y la intimidad de la vida personal y familiar de los niños. Se persigue también impulsar una cultura ciudadana que apoye los valores solidarios.

 

Estas medidas quedarán incluidas en el II Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía que consolidará la estrategia de lucha contra la pobreza infantil en un marco que propicie un desarrollo pleno, seguro y en libertad para todos los menores de Andalucía.

 

Además, con respecto a las medidas preventivas, ha destacado los 143 Equipos de Tratamiento Familiar, que cuentan con 550 profesionales. Estos equipos han contribuido a reducir el número de desamparos de menores en un 17% en Andalucía.

 

 

En relación a las políticas dirigidas a las personas mayores, Sánchez Rubio ha destacado que desde la Junta de Andalucía se seguirá apostando por la promoción y el desarrollo de las actuaciones relativas al Envejecimiento Activo.

 

Una estrategia que se afianza con los más de 900 Centros de Participación Activa (168 de titularidad de la Junta de Andalucía), con más 540.000 personas asociadas, que han realizado casi 100.000 horas de talleres de promoción de la autonomía personal. Para la consejera, se evidencia también “en un servicio de Teleasistencia, referente en el ámbito europeo y del que se benefician más de 188.000 personas, con dos centros de atención dotados con la más alta tecnología en Sevilla y Málaga.

 

Y, especialmente, la Tarjeta Andalucía Junta 65, que posee el 80% de la población mayor andaluza, más de un millón de personas”. Desde la puesta en marcha de este documento, en 2002, las personas mayores titulares de la tarjeta se han ahorrado 261 millones de euros gracias a las bonificaciones en productos y servicios (teleasistencia, viajes, audífonos, productos ópticos o comidas).

 

Por otra parte, el Gobierno andaluz va a seguir apostando por las Aulas de mayores en las Universidades públicas andaluzas, así como por las relaciones intergeneracionales, teniendo en cuenta el importante papel desempeñado en la actualidad por las personas mayores como soporte emocional y económico para muchas familias en la actualidad.

 

 

Durante su comparecencia, y en materia de pensiones, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha destacado que “sigue vigente, tal vez más que nunca, el espíritu del Pacto de Toledo y aún siendo conscientes de que esta Comunidad Autónoma tiene atribuidas solamente las competencias en materia de pensiones no contributivas, quiero manifestar nuestro compromiso con estas pensiones y con estas personas, tal y como hasta ahora lo hemos venido haciendo, complementando dentro de nuestras posibilidades sus ingresos, aumentando su poder adquisitivo”.

 

Compromiso que se traduce en los 76,8 millones de euros destinados entre 2012 y 2015. Cada año se han beneficiado 109.000 personas y se han incrementado las ayudas extraordinarias a pensiones no contributivas y asistenciales en un 8,2%.

 

 

Sánchez Rubio ha avanzado que el Gobierno andaluz está trabajando en una Ley de Atención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Andalucía. Una Ley que ampliará los derechos y garantizará la autonomía personal de este importante colectivo social, y que hará hincapié en la autodeterminación, en la capacitación, y en el empoderamiento de las personas con discapacidad. Un texto que supone la inclusión de la dimensión de la discapacidad en todas las políticas públicas.

 

“En este sentido, vamos a elaborar un nuevo Plan de empleabilidad de las personas con discapacidad, cuyo objetivo es corregir su desigualdad de oportunidades en el ámbito laboral y posibilitar la obtención de un empleo”. Un Plan que, según ha avanzado la consejera, afectará tanto al empleo ordinario público y privado, como al empleo con apoyo, al empleo protegido en centros especiales de empleo y enclaves laborales, a la formación para el empleo, y al empleo autónomo. Sánchez Rubio ha señalado que hasta la aprobación de la Ley, se continuará desarrollando el II Plan Integral de Atención a las Personas con Discapacidad, poniendo un especial énfasis en las mujeres, por la doble discriminación que han padecido históricamente.

 

Las personas con discapacidad presentan una tasa de actividad 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad, y una tasa de paro 6,7 puntos porcentuales mayor, siendo siempre peor esta situación entre las mujeres con discapacidad, al tener que soportar una doble discriminación.

 

 

Las políticas de juventud deben tener un carácter transversal y deben estar consensuadas con sus protagonistas. Desde esta perspectiva, de la mano del Consejo Andaluz de la Juventud, la consejera ha señalado que se está trabajando en la Ley de Juventud de Andalucía.

 

Además, desde la Junta de Andalucía se está desarrollando el Decreto Ley sobre Medidas de Impulso del Empleo Joven y el Emprendimiento, que se enmarca en el Plan de Choque para el empleo impulsado por el Gobierno andaluz como medida prioritaria de esta Legislatura.

 

Con la puesta en marcha del programa Emple@Joven, Andalucía fue pionera en el desarrollo de medidas que formarían parte del Sistema de Garantía Juvenil en España, ampliando incluso las actuaciones diseñadas en el programa hasta los 30 años, evitando así que más de 200.000 jóvenes andaluces con edades comprendidas entre 24 y 30 años quedaran al margen de estas medidas teniendo en cuenta las dificultades que presentaban para acceder al mercado laboral.

 

 

En relación a las nuevas competencias que asume la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en la presente Legislatura, la consejera ha señalado que serán “fundamentales a la hora de articular nuestra relación con la ciudadanía y encauzar sus demandas por el interés común”.

 

Sánchez Rubio ha avanzado que su departamento está trabajando en el IV Plan Andaluz del Voluntariado, cuyas medidas contribuirán a mejorar la situación por la que atraviesan un gran número de familias andaluzas. Por ejemplo, se impulsará el Consejo Andaluz del Voluntariado como verdadero órgano de participación de las entidades, en coordinación con las Administraciones Públicas.

 

Además, se tendrá en cuenta el voluntariado virtual o voluntariado on-line, así como el papel del voluntariado en la organización de grandes eventos sociales, una nueva vía de participación ciudadana que ha de ser tenida en cuenta; el denominado voluntariado corporativo, en el entorno del mundo empresarial, el Voluntariado en el extranjero, de especial importancia, y que evidencia los valores solidarios de la ciudadanía andaluza, la institucionalización del voluntariado en la escuela o la relación entre Voluntariado y Discapacidad.

 

Por otra parte, la titular de Igualdad y Políticas Sociales ha señalado que “Andalucía va a seguir estando presentes en el exterior en este nuevo tiempo, convencidos de que nuestra comunidad puede ser un elemento esencial en el progreso de los pueblos. Una acción que vamos a vehicular mediante al II Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2015-2018, que se ha elaborado a partir de la evaluación y recomendaciones obtenidas del primero”.

 

Este II Plan, que será presentado en las próximas semanas al Consejo de Gobierno, tendrá como objetivos generar procesos de desarrollo, salvaguardar los derechos esenciales de los más necesitados, promover los valores democráticos, educar para el desarrollo, fomentar la formación y la innovación y aplicar criterios tangibles de mejora en la calidad de la cooperación.

 

El nuevo Plan Andaluz para la Cooperación al Desarrollo 2015-2018, en coherencia con la Ley 14/2003, de 23 de diciembre, establece la meta de alcanzar el 0,7% de los Presupuestos de la Junta de Andalucía en los próximos años.

 

Por último, este Plan incluye nuevos países preferentes dentro de las zonas geográficas prioritarias para la cooperación andaluza, mantiene la coordinación con las ONGs y refuerza el papel de la cooperación y de la sensibilización dentro de Andalucía.

 

Fuente:  juntadeandalucia.es