Para favorecer la contratación de personas con discapacidad

El CERMI insta a las Comunidades Autónomas a aprobar una ley de Contratación Pública como la de Navarra

· Obliga a reservar a Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción sociolaboral el 6% de los contratos públicos.

(Madrid, 25 de enero de 2010).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado hoy a las Comunidades Autónomas a seguir el ejemplo de la Comunidad Foral de Narrara que ha aprobado una ley que obliga a reservar el 6% de los contratos públicos a empresas sociales.

Dicha ley establece los topes mínimos y obligatorios de reserva de participación en los procedimientos de adjudicación a favor de Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción sociolaboral. 

La medida amplía la legislación estatal en la materia, al favorecer la dimensión social de la contratación pública, estableciendo una reserva obligatoria de un 6% a favor de empresas de iniciativa social dirigidas a grupos vulnerables. La legislación estatal permite a cada órgano contratante realizar estas reservas, pero no lo impone como obligatorio.

Con esta Ley se está dando un paso muy importante en el camino hacia la integración laboral de las personas con discapacidad y se respalda las propuestas formuladas por el CERMI en el Manual de Contratación Pública Socialmente Responsable. En él se propugna el establecimiento de un porcentaje mínimo y obligatorio de reserva de contratos computado precisamente sobre el importe anual de contratación del ejercicio anterior.  

En opinión del CERMI, “un momento de grave crisis económica, con efectos letales para el empleo de los grupos sociales en riesgo de exclusión, medidas como la adoptada por la Comunidad de Navarra pueden contribuir al mantenimiento del empleo y de las empresas que ofrecen trabajo a personas con discapacidad”.

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.