Arnés: “En Andalucía se declara equivalentes a fármacos sin base científica ni competencia”
El Director General de Farmaindustria, Humberto Arnés, ha impartido una conferencia sobre las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs), en el marco de la Jornada “Los equivalentes terapéuticos: ¿nueva barrera para el acceso a la innovación?”, auspiciada en Sevilla. Arnés recordó que, aunque dos principios activos diferentes puedan compartir indicación, esto no supone que sus propiedades farmacológicas y terapéuticas sean las mismas. “Es más, aún coincidiendo en dos medicamentos el mismo principio activo, no en todos los casos la FDA o la EMA (las agencias de medicamentos americana y europea respectivamente) concluyen su equivalencia terapéutica”.
En este sentido, el director general de la patronal explicó que para que haya equivalencia terapéutica, “además de la eficacia y seguridad del medicamento, se deben considerar variables como su farmacocinética, farmacodinámica o efectos subrogados”. Por esta razón, remarcó, “sólo con ensayos de equivalencia terapéutica se puede concluir que dos medicamentos tienen efectos clínicos idénticos o diferencias irrelevantes”, circunstancia que no sucede con el Acuerdo Marco del SAS.
Además de repasar la base científica que rodea a las ATEs, Arnés también hizo un repaso sobre las competencias legales. Cabe recordar que en el ordenamiento jurídico español, las posibles declaraciones de equivalencia terapéutica de dos medicamentos corresponden, única y exclusivamente, a la Agencia Española de Medicamentos. Por ello, para Arnés, en Andalucía “se están realizando declaraciones de equivalencia o de eficacia similar por órganos sin competencia y sin la base científica suficiente”.
El director general de Farmaindustria también se refirió también a los “efectos perniciosos” que la medida tiene sobre la atención sanitaria y la salud pública en general, y a que con este Acuerdo Marco “se menoscaba el valor del medicamento, se desincentiva la investigación y se lesionan los intereses de la industria”. “También provoca cambios de tratamientos sin conocimiento del médico y restringe a los profesionales su capacidad prescriptora”, recalcó Arnés.
Asimismo, indicó que a los pacientes se les priva de la posibilidad de acceder a medicamentos que su médico considere idóneos y de los que disponen los ciudadanos de otras comunidades autónomas. “En definitiva se excluye de la prestación farmacéutica pública medicamentos autorizados por el Ministerio de Sanidad, quebrando así la equidad del Sistema Nacional de Salud”.
Fuente: elglobal.net
